Número 108. Mayo 2014

El PESC dice que «el antiguo cargadero de Ensidesa sería reconvertible como restaurante». (P. F.)

PROTECCIÓN DE LA COSTA

El Teleférico y la mina de Llumeres podrán acoger sendos restaurantes

El Principado advierte de que «sería necesario eliminar

cierto número de fines de semana» en el Cabo Negro

Marzo 2014 / Gozón

PAULA FERNÁNDEZ (Podes / Bañugues / Laviana)

El Principado autoriza a convertir el teleférico de Podes en restaurante, tal y como aparece mencionado en la parte propositiva del Plan Territorial Especial del Suelo de Costas (PESC). Este documento considera que «el edificio de hormigón de gran dimensión –antiguo cargadero de Ensidesa– sería reconvertible como restaurante» y añade que para recuperar el entorno de esa zona, situada en el Cabo Negro, «sería necesario eliminar un cierto número de casetas de fin de semana».

El edificio del teleférico ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos. La asociación de vecinos «La Fila» de Podes pidió al Ayuntamiento que lo demoliera porque consideran que «es una mole de hormigón que no sirve para nada», recalcó el presidente, Daniel Fernández Álvarez. Actualmente, el inmueble sirve de cobijo para algunos «okupas», quienes, además de habitar el lugar de manera ilegal, han convertido la parte exterior en un vertedero pirata.

El Ayuntamiento podrá ahora dar salida a este edificio si un inversor se interesara en explotarlo como restaurante. Eso sí, habría que esclarecer previamente a quién pertenece, dado que la oposición considera que «es de un empresario de Barcelona». Ahora, el teleférico está considerado como un inmueble de «impacto elevado», catalogación que abandonaría si se procede a la rehabilitación. En ese caso, el Principado lo incluiría dentro de los elementos «compatibles» con el entorno.

El teleférico no sería el único edificio en ruinas para el que el PESC autoriza un cambio radical de uso. También permite que las dos naves alineadas de las antiguas minas de Llumeres se conviertan en restaurante, tal y como se detalla en el apartado de especificaciones de la ficha de este inmueble, donde además se marca otro posible destino como equipamiento.

El documento elaborado por la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente detalla que otras dos construcciones ruinosas ubicadas en San Juan, parroquia de Laviana, son «susceptibles de restauración con destino a equipamiento terciario», o sea, que se autoriza dedicar el inmueble a actividades del sector servicios, donde entra darle un uso hostelero u hotelero. Las naves de la mina de Llumeres y estas dos edificaciones ruinosas de Laviana están consideradas como «protegidas» por el Gobierno autonómico.

INVERSIONES EN RUINAS

No es la primera vez que el Principado se interesa por convertir ruinas en restaurantes o complejos hoteleros en primera línea de costa. El director general de Pesca, Alberto Vizcaíno, y el alcalde de Gozón, Ramón Artime, se reunieron hace unos meses para ver si podían acceder a subvenciones para rehabilitar los astilleros de Aramar y convertirlos en un restaurante y un aula de carpintería de ribera. Este asunto fue duramente criticado por la oposición, al considerar que la obra «destruiría la naturaleza y chocaría con la Ley de Costas», dijo Jorge Suárez, portavoz del Partido Socialista. La reforma también contemplaba arreglar todo el entorno del Dique, zona que sufrió varios daños por causa de los últimos temporales. Mientras tanto, los accesos siguen sin ser reparados, tanto por el puente de Aramar, que desapareció por las riadas de 2010, como por Antromero, donde hay numerosos socavones.

Los inversores privados pusieron sus miras en otros edificios emblemáticos de Gozón que están en ruinas. Es el caso del proyecto pensado por Koldo Miranda para reconvertir la Torre del Difuntín de Ambiedes en un complejo hostelero con sala para convenciones. El afamado cocinero asturiano abandonó la idea por falta de fondos y, en consecuencia, no ha tocado en absoluto el edificio.

Imagen de la mina de Llumeres que aporta el Plan Territorial.

Los vecinos de esta zona han criticado en repetidas ocasiones que el Ayuntamiento no exigiera al propietario que conservara el inmueble. Y es que varias estructuras se han desprendido en los últimos años, lo que afecta a la seguridad de los que residen cerca de esta construcción, antaño conocida como Casona de los Bango.

65 INMUEBLESCON UN IMPACTO ELEVADO

65 inmuebles tienen un «impacto elevado» sobre la costa gozoniega. Así lo refleja el Plan Territorial Especial del Suelo de Costas (PESC), documento que sirve como complemento al POLA (Plan de Ordenación del Litoral Asturiano), y que ha sido elaborado por la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

El texto divide el concejo en siete zonas: San Balandrán, Xagó, Podes, Verdicio, Cabo Peñas, Bañugues y Antromero. Las construcciones catalogadas como de «impacto elevado» están ubicadas en Bañugues (15); Podes, Xagó y Verdicio (13); Cabo Peñas (8) y Antromero (3). San Balandrán solo tiene edificaciones tipificadas como «compatibles» con el entorno, sobre las que el Principado recomienda, en algunos casos, cambiar el cierre de hormigón por una verja con arbustos y pintar las paredes en tonos verdes y grises para mimetizarse con el entorno. El documento enumera un total de 192 construcciones «compatibles» y otras 39 «integradas» en Gozón, sobre las que apenas habría que actuar con pequeñas reformas.

El PESC diferencia las edificaciones de «impacto elevado» en dos categorías. Una de ellas albergaría las que «producen un impacto para la conservación de los valores de todo tipo de área en que se ubican o en las que consta o se deduce algún tipo de infracción urbanística», explica el documento. La otra categoría añade el adjetivo de «corregible» y abarca nueve inmuebles que están dentro de este parámetro de forma provisional, debido a que necesitan obras de corrección o demostrar que se construyeron «con licencia legalmente concedida». Una vez logradas estas exigencias, pasarían a ser consideradas como «compatibles».

El Principado estima que hay siete inmuebles «en que consta o se deduce una infracción urbanística». Tres están en Bañugues y se trata de una «mobile home» (casa móvil), una caseta metálica y una caravana. Verdicio posee otros tantos: una casa móvil y dos casetas. Completa el listado otra caseta con tendejón en la zona del Cabo Peñas. El PESC prohíbe realizar cualquier obra sobre ellos, al considerar que están fuera del planeamiento.

El documento de la Consejería de Fomento permite, sin embargo, «obras parciales y circunstanciales» en inmuebles de «impacto elevado» que se consideren viviendas, siempre y cuando no esté prevista la expropiación o demolición de la finca en los 15 años siguientes. El resto de edificaciones no podrán modificar su estructura. Solo se autorizan pequeñas reparaciones para garantizar la higiene, el ornato y la conservación.

Por otro lado, las entidades urbanísticas «compatibles» podrían pasar a engrosar el listado de las «integradas» si sus dueños las reparasen e hiciesen pequeñas modificaciones para mejorar su integración en el entorno. Las únicas reformas permitidas por el Principado se limitan a obras en el interior y a la «reparación y mejora de la envolvente». El PESC añade que no se autoriza el cambio de uso de ninguna de estas propiedades.

El PESC contempla la posibilidad de conceder subvenciones a través del Principado para obras en edificios «integrados». «Primará la actuación sobre estas entidades», dice el documento. En este criterio, se enmarcan 39 propiedades en todo el litoral de Gozón, entre las que hay quintanas, hórreos (algunos abandonados), cuadras, casetas, viviendas unifamiliares y una nave industrial que antaño ocupaban unos astilleros, en la parroquia de Laviana. El texto detalla que estas construcciones son, en su mayoría, «tradicionales, de mampostería y en ocasiones en estado de abandono, destinadas originariamente tanto a viviendas como cuadras u otras funciones agrarias». La rehabilitación tendría que garantizar el «carácter primigenio» de los edificios y, por ende, su estética debería ir acorde con la zona donde están ubicadas.

La Consejería de Fomento clasifica 12 bienes inmuebles como «protegidos», situados en las zonas de Xagó, Cabo Peñas, Bañugues y Antromero. En todos los casos, autoriza a hacer obras de rehabilitación «para devolver un edificio a su estado original o a estados previos de mayor valor arquitectónico, artístico o histórico». Conforman este listado seis hórreos, dos construcciones ruinosas, dos faros, una nave industrial abandonada y una capilla.