El Consistorio se comprometía a pagar 6,65 euros por perro recogido y día de estancia en la residencia Arco Iris, con una facturación mensual que se enviaba por correo directamente a Gabriel Rodríguez y se abonaba por transferencia bancaria.

Ante la falta de consignación presupuestaria, comenzaron a acumularse los impagos y llegaron las reclamaciones. La Fiscalía da validez a dos facturas aportadas por la propietaria del albergue engordadas con días de estancia de animales que no se habían producido. Las facturas estaban aprobadas por resoluciones de la Alcaldía y sumaban un total de 634,72 euros por servicios ficticios.

La Fiscalía considera que se debe aplicar a Rodríguez Fernández el delito de malversación porque indujo a la proveedora a presentar facturas por servicios no prestados, una infracción del deber de lealtad, como autoridad que era en aquel momento, extralimitándose en sus facultades de disposición sobre el patrimonio público, causando un perjuicio. La actuación del exedil causó, según la Fiscalía, un daño patrimonial contra la Administración, aunque no de enriquecimiento.

El delito de falsedad se le imputa al exconcejal como medio para cometer el de malversación y puede ser castigado con una pena de dos a seis años de prisión, inhabilitación para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de seis a diez años. Dada la cuantía, que no llega a 4.000 euros, se podría aplicar el tipo de pena atenuado, con prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses, con inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo entre uno y cinco años. En cuanto a la propietaria del albergue, la Fiscalía considera que su cooperación, con la emisión y cobro de las facturas, fue indispensable para la ejecución del delito de malversación, por lo que también tramitó denuncia contra ella. Ahora, el Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón dispondrá de seis meses para la investigación, que ya está en marcha.