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Sentencia del Juzgado Central Contencioso Administrativo que rechaza el recurso del Consistorio. (E. F.)

El Consistorio pierde el recurso contra Transparencia por un camino de Tamón

05/10/2019 / Carreño

PEDRO PASCUAL (Candás)

El Ayuntamiento de Carreño ha sufrido un nuevo revés judicial en su tempestuosa relación con la asociación vecinal San Juan, de Tamón. El Juzgado Central Contencioso Administrativo ha desestimado el recurso del Consistorio contra la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que apoyaba a los vecinos ante el silencio administrativo municipal en una petición de información. Además, el municipio deberá correr con las costas, un hecho que lleva al portavoz de Izquierda Unida, Ángel García Vega, a asegurar que «utiliza el dinero público para sus caprichos. Recurrió, pagó abogado, procurador y ahora costas para nada».

La asociación vecinal solicitó en su día información acerca del contrato y facturas del arreglo del camino Las Trancas, en Tamón, llevado a cabo con el fondo de compensación de Cogersa. Ante la falta de respuesta, los vecinos entendieron que se producía rechazo por silencio administrativo y acudieron al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que les dio la razón y pidió al Consistorio que facilitase los contenidos pedidos por el colectivo vecinal.

El Ayuntamiento no aceptó el criterio del Consejo y presentó un recurso contencioso administrativo que ha sido rechazado en una sentencia del 25 de setiembre. El argumento de Carreño era que sí se había facilitado la documentación pedida, que se envió al domicilio del presidente de la asociación, «donde más fácilmente podía ser hallado».

Primero el Consejo y ahora el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo consideran que la información se debe remitir al «lugar designado a efecto de notificaciones», la sede de la asociación «y a ningún otro, sin que pueda escudarse en la facilidad de localización del domicilio particular del presidente, pues ni siquiera se advierte que hubiera intentado infructuosamente primero la notificación en el domicilio de la asociación que al efecto se consignó».

IU dice que la alcaldesa

«usa el dinero público para

sus caprichos» y debe pagar

abogado, procurador y costas

El magistrado califica la actuación municipal como «inadecuada y no conforme a Derecho», al entender que el firmante de la petición no actuaba a título particular, sino en nombre de la asociación.

También llama la atención el juez sobre el hecho de que la entidad podía haber cambiado de presidente «en el ínterin, lo que haría doblemente inadecuada una notificación efectuada en el domicilio particular del firmante», llegando la notificación a alguien ajeno al proceso. El fallo continúa recordando que «a mayor abundamiento no consta que se le comunicara tal domicilio particular en el seno de este procedimiento de solicitud de información sino que el Ayuntamiento lo obtuvo de los datos de que dispone por su función municipal».

«GESTIONA CONTRA EL PUEBLO»

«A la alcaldesa no le gustó que la obligaran a informar a sus vecinos y denunció al Consejo de Transparencia porque la obligó a dar el expediente de un camino», resume el portavoz de IU. «Los vecinos piden información y ella no la da. Los vecinos la exigen y Transparencia les da la razón. Y ella denuncia con dinero público esa decisión». Además, prosigue, «pierde el recurso y el Tribunal le lee la cartilla. Esta alcaldesa gestiona contra el pueblo».

García Vega opina que «el PSOE es experto en judicializar la gestión pública. En lugar de gestionar correctamente, garantizando los servicios públicos y la transparencia, decide gastar el dinero en meter al Ayuntamiento en procesos judiciales. No es serio». En el grupo mayoritario de la oposición en Carreño, aseguran que «pasados los 100 días mínimos de cortesía que se dejan a cualquier gobierno para que pueda reorientar su gestión, vemos claro que todo sigue igual. Las prioridades son una vez más las del PSOE y no las de los vecinos de Carreño, a cuyo servicio debería orientarse la gestión».