La situación no es nueva. En el año 2018, el geriátrico entabló un proceso judicial contra el Ayuntamiento de Gozón al intentar el Consistorio albergar en una plaza de emergencia social geriátrica municipal a una persona «que no cumplía los requisitos para ello». Ante la negativa del establecimiento, «el señor alcalde, don Jorge Suárez, decidió albergarlo en otra residencia privada, girando el coste a este centro», señalaron los responsables del hogar. Esa resolución se llevó a un contencioso administrativo que resultó favorable al asilo. El juzgado anuló la disposición de la alcaldía y «por consiguiente, el Ayuntamiento de Gozón tuvo que devolver a este geriátrico esa liquidación injustamente girada. Sin embargo, el erario municipal se ha visto mermado con esa decisión del señor alcalde, por cuanto se ha abonado con fondos públicos el alojamiento en un centro privado de una persona que no cumplía los requisitos para ello».

El geriátrico de Luanco tiene una concesión demanial sobre la parcela que ocupa dentro del Plan Parcial de la Vallina. En el documento en el que se plasmó esa concesión, suscrito entre el Ayuntamiento y el hogar, se estableció como canon en especie que el asilo debía reservar dos plazas para emergencias del concejo de Gozón. En julio del año 2009, se dictó un Decreto de la Alcaldía que aprobó las Bases Reguladoras para el acceso a esas dos plazas de emergencia geriátrica municipal, en el que se establecía que el plazo máximo que podía ocupar una persona una de esas camas, nunca podía exceder de tres meses. Además, se exigían determinados requisitos de tipo económico y que fuera solicitante de plaza en el ERA.