La alcaldesa ha ahondado que en el sistema de visionado y grabación de las cámaras se han instalado «máscaras de privacidad», que tapan e impiden grabación de imágenes de zonas el entorno que no son relevantes para la seguridad del edificio y que respetan la intimidad de las viviendas próximas. También que las imágenes serán destruidas cada 30 días salvo que haya que remitirlas a los juzgados por la comisión de un delito.  Además, descartó que haya detrás tintes ideológicos. «Se colocaron en la Policía Local a petición de la propia Policía Local. Nosotros no hemos hecho ninguna indicación política. Simplemente fue una propuesta técnica», añadió.

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Al hilo siguiente, avanzó que la idea es poner más en otros lugares de Carreño, no necesariamente vinculados al ámbito policial. «En cuanto completemos los otros frentes que tenemos abiertos de instalaciones y estén al día y legalizadas, pues pasaremos a seguir ampliando los puntos», explicó. Puso como ejemplo Ambás, donde estos dispositivos están en fase de autorización. El concejal de IU recordó que las pidieron también vecinos de Tamón ante robos acaecidos.

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La instalación de cámaras de videovigilancia no resulta fácil, salvo que apunten a vías para el control de tráfico. Resulta un tema controvertido porque en ocasiones choca contra el derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad de las personas y a velar por la protección de datos de carácter personal. Sin ir más lejos, Delegación del Gobierno no permitió al Ayuntamiento de Gozón que pusieran en funcionamiento cámaras instaladas en las inmediaciones al edificio Nautilus, lugar de frecuentes «botellones». En Carreño pasó algo similar en el entorno del Polideportivo Municipal, donde se instalaron porque «había un punto negro de vertidos incontrolados». «No nos han permitido que apunte a las instalaciones ni que grabe en este espacio, según las normas legales», dice Amelia Fernández.