PERIÓDICO INDEPENDIENTE DEL CABO PEÑAS
El Principado admite «presiones» de empresas para poner parques de baterías en los pueblos
El director general de Agenda 2030 habla en Luanco sobre
cómo las compañías «dan lecciones» de ecologismo para conseguir nichos de mercado
30/10/2024 / Comarca
LORENA VENTURA (Luanco)
El Principado, a través del director general de Agenda 2030, admite «presiones» de compañías para implantar instalaciones de almacenamiento eléctrico en las zonas rurales a pesar de la oposición vecinal. Juan González Ponte repasó el tema en Luanco el pasado 10 de octubre en la Casa de la Cultura. «No os imagináis la presión que hay desde estas empresas privadas a la Consejería para la colocación de parques de baterías a dos metros de casas sin ningún tipo de ordenación del territorio», expuso Ponte. «Los empresarios han avisado al Principado de posibles demandas», aclaró César Fidalgo Fernández, edil de Urbanismo. Cabe recordar que hay más de 170 proyectadas en Asturias, dos en Ambiedes, dos en Guimarán y una en Antromero.
Además, el responsable de Estrategia y Formación de IU Federal habló sobre la posibilidad de ceder a dichas presiones, «que existen, desde luego», insistió, porque las empresas «buscan sus propios intereses». Recordó que el asunto depende de varias consejerías, no sólo de Ordenación del Territorio, sino también de Industria. En su caso, está a favor de la energía renovable, pero «que no te lo pongan al lado de casa». También diferenció la parte política de la técnica. Y expuso el problema que le planteó el gobierno de un Ayuntamiento pequeño. «Si el funcionario de turno considera que cumple todos los criterios de la normativa, el político no puede decir que no», lamentó, ya que, de hacerlo, sería prevaricación o la administración se enfrentaría a demandas de las partes afectadas. La única opción, prosiguió, «es estudiar muy mucho todos los elementos para paralizarlo». Entre otros, el valor patrimonial de los bienes que están en el entorno.
Ponte habló de un «dique de contención» frente a los intereses de las empresas privadas para que «prime la ordenación del territorio».
Juan González Ponte, con César Fidalgo Fernández. (L. V.)
No clarificó el porqué en las mociones de los Ayuntamientos ya no figuran las distancias mínimas de 1.000 metros a casas y de 500 a ganaderías que marcó la CUOTA entre que se aprueba la normativa para este tipo de instalaciones. «Desde la Consejería se está parando todo lo que se puede», insistió.
El alcalde de Carreño, Ángel García Vega, acudió a la charla y avanzó que «a partir de noviembre, la Consejería de Ordenación va a suspender licencias para ponerse a trabajar en esa nueva regulación, que ya va fijar una distancia que no sabemos cuál va a ser. Ya se verá».
Por su parte, el regidor de Gozón, Jorge Suárez García empezó por el final en la reunión con los vecinos de Antromero el pasado 26 de octubre. «Voy a empezar por la conclusión. No se va a poner esa instalación de almanacenamiento de energía en Antromero. No se va a poner», dijo y repitió en varias ocasiones, lo que provocó aplausos entre los presentes.
Lograr una energía asequible y no contaminante es el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) siete de la Agenda 2030. Ponte habló de que hay multinacionales que «adoptan» este objetivo para realizar «green washing», práctica de marketing destinada a crear una imagen ilusoria de responsabilidad ecológica. «Las corporaciones que llevan toda la vida colonizando, extrayendo recursos y explotando a personas ahora se ponen en la rueda de la Agenda 2030 y nos dan lecciones de lo que hay que hacer y te acusan a ti de retardista climático», denunció el político de IU. «¿Veis la esquizofrenia? Por una parte atacan la Agenda 2030 y, por otra parte, acatan y dicen ser ellos los valedores de ella», finalizó.
Los vecinos viven una odisea para registrar las alegaciones
Gozón sólo admite 25 al día, mientras que Carreño sufre un colapso informático
30/10/2024 / Comarca
L. VENTURA (Luanco / Candás)
La presentación de más de 1.000 alegaciones contra los parques de baterías de Ambiedes, Antromero y Guimarán supuso toda una odisea para las asociaciones vecinales. De entrada, el Ayuntamiento de Gozón sólo admite 25 por día y persona justificándolo en la falta de personal para realizar el cometido. Entonces, los representantes de los afectados empezaron un periplo por otras administraciones públicas.
En Carreño no fueron las cosas mucho mejor, dado que, según explicaron los funcionarios el pasado 15 de octubre, el sistema informático municipal había perdido hacía días la comunicación con el Principado. La Oficina de Registro Virtual (ORVE) estaba fallando, con lo que «el envío era imposible». Otra opción fue acudir al Registro de la Mancomunidad Cabo Peñas, sito en la calle Braulio Busto, muy limitado también de personal.
Entrega de alegaciones en el Registro de la Mancomunidad. (L. V.)
Un funcionario planteó presentar una única alegación acompañada por un número de firmas para facilitar la tramitación. Sin embargo, un abogado recomendó a los vecinos de Ambiedes presentarlas individualmente, así «cada alegación cuenta como una». «Da igual que se presenten todas a la vez y que tengan el mismo contenido. Son alegaciones individuales y generan mucho más peso y hacen mucha más presión», sugirió.
En Oviedo ocurrió tanto de lo mismo. De entrada, los funcionarios del Registro General Central del Principado de Asturias sólo permitían meter dos alegaciones por turno o ticket. El problema es que, por ejemplo, el presidente de la asociación de vecinos San Pedro de Antromero, Carlos García Cotarelo, llevaba cientos. En una mañana sólo pudo presentar 96.
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