Por último, se cambió la cerradura del inmueble y se contrató la vigilancia de la propiedad a una empresa especializada.

Pero no fue un dispositivo sencillo. Los adultos, lejos de amedrentarse, insistieron en que estaban allí residiendo de forma legal y llegaron a amenazar con denunciar a la propia Guardia Civil. Finalmente el expediente fue trasladado a los juzgados, que serán los que tendrán que dictaminar el alcance de los hechos. Entre uno y otro, se procedió a tramitar una denuncia por «desobediencia a la autoridad».

El chalé en cuestión está en una de las zonas privilegiadas de Gozón. Levantado a finales de los 80, tiene casi 300 metros cuadrados construidos, entre vivienda y aparcamiento, sobre una parcela de 1.000 metros. No le faltan comodidades. Entre otras cosas, dispone de seis habitaciones, cuatro baños, trastero, cocina y garaje. Las dependencias se distribuyen en varias alturas. Además cuenta con piscina y un porche con vistas frontales al mar.

La ocupación de inmuebles contra la voluntad del propietario normalmente se considera un delito leve. El Código Penal, en su artículo 245, diferencia la pena en función de si hay o no violencia o intimidación. De haberla, la pena de prisión se establece entre uno a dos años, al margen de las penas en que se incurriera por la violencia ejercida. De no haber este añadido, la usurpación se queda en una multa de tres a seis meses. El asunto es más delicado si entre los ocupantes hay mujeres embarazadas y/o niños.