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Descarga la portada en .pdf >> Número 194. Julio 2021

5 años de cárcel para quien hizo perder a un matrimonio su casa de Guimarán

El Supremo reduce la condena al no aplicar el agravante de
reincidencia y los ancianos no han recuperado sus bienes

03/07/2021 / Carreño

LORENA VENTURA (Candás)

El Tribunal Supremo ha condenado a cinco años de cárcel por estafa a la mujer que hizo perder a un matrimonio mayor su casa en Guimarán y su piso en Gijón. La sentencia de la Sala de lo Penal, del 25 de mayo ha reducido la condena en dos años respecto a lo dictado en 2019 por la Audiencia Provincial de Oviedo, que había establecido una pena de siete años de prisión.

Además de la pena principal, se le condenó a indemnizar a los afectados a la suma equivalente al precio de mercado de los inmuebles, a 20.000 euros más por daños morales, así como a pagar los gastos notariales y registrales derivados de la compra. Por último, deberá afrontar una multa de 18 meses a razón de 12 euros por día (finalmente se quedó en quince meses) y seis meses de cárcel por falsedad documental (imitó la firma de la mujer mayor en dos recibís).

Pero los ancianos no han recuperado sus viviendas y, a pesar de que la indemnización es importante, será muy difícil (por no decir imposible) cobrarla. «Quedamos con una mano delante y otra detrás», lamentaba el jubilado ante la Justicia. El Supremo insistió en que la valoración de las pruebas tuvo todo el fundamento y destacó «el detalle y la precisión de la declaración del jubilado (calderero sin estudios), aportando un relato sólido».

Los jueces analizaron los recursos presentados tanto por parte de la condenada como de las víctimas, pero solo tuvo en cuenta un error que detectó el Ministerio Fiscal y que supuso reducir el número de años de privación de libertad: no se podía aplicar el agravante de reincidencia. La delincuente ya había sido denunciada por estafa, pero las tres sentencias firmes fueron posteriores a los hechos de 2010. Entre 2014 y 2015 la mujer fue condenada a cuatro años, dos años y nueve meses de prisión, respectivamente.

Según consta en la sentencia, el delito se remonta a 2010, cuando un matrimonio, que en la actualidad tiene 80 años, estaba acuciado por las deudas que mantenía con un Liberbank y con tres financieras. Su vulnerabilidad se veía agravada por diferentes achaques de salud (el hombre tiene un 38% de minusvalía). La pensión de él, de «mil y algo euros», eran los únicos ingresos que entraban en casa.

Entonces, según los hechos probados, la pareja vio un anuncio sobre reunificación de deudas en julio de 2010. Llamaron y fueron atendidos por la condenada, una auxiliar administrativa domiciliada en Somió, que esa misma tarde se presentó en el domicilio de los mayores acompañada de su primo. La mujer volvió en varias ocasiones al domicilio dándoles dinero (hasta 3.000 euros) para que fueran sufragando gastos. En un determinado momento les propuso una «venta falsa» de su finca con casa en Carreño y de su vivienda habitual en Gijón para pagar los créditos pendientes, anular luego esa enajenación y quedando a deber a la supuesta financiera sobre 200 euros mensuales durante 25 años. Finalmente fueron a una notaría de Lugones y se vendieron las propiedades por 129.000 euros a un tercero, el hermano de un conocido de la acusada, que suscribió dos hipotecas por un total de 139.902 euros. Parte del dinero sirvió para cancelar deudas, pero 83.856 euros desaparecieron. La venta nunca se anuló.

Tanto en la primera sentencia como en la segunda, fueron absueltos el apoderado del banco, según la acusación, el comprador, el primo de la condenada y el abogado-socio de la estafadora y a la vez hermano del comprador. El matrimonio de jubilados lo recurrió, al considerar que actuaban como una «organización». Quería que se les condenase, pero fue desestimado una vez más. La Constitución recoge que ante la duda, se debe absolver (principio in dubio pro reo).

Además, pedían la restitución de los bienes perdidos como consecuencia del delito, algo inviable, según los tribunales, porque «no se ha acreditado que el comprador de los inmuebles actuara de mala fe».